¡Ni afuera, ni adentro!

Desplazamiento forzado, refugiados y exiliados

Nacer en un país que vive un conflicto armado obliga a la población civil a asumir unas condiciones y experiencias enmarcadas en el horror y el silencio, las violencias generalizadas, persecución, amenazas, abuso sexual y múltiples violaciones a los derechos humanos. Estos patrones de violencia surgen a raíz de la disputa por el territorio, las rutas del narcotráfico, los enfrentamientos entre los diferentes actores armados y el miedo constante que acompañan a la población Colombiana, puesto que ningún lugar es seguro, todos somos víctimas, victimarios, perpetradores o espectadores y en muchos casos la mejor decisión es huir, huir de todos, huir de todo. A continuación, se expondrán diferentes escenarios en los cuales se evidencia el fenómeno del desplazamiento forzado, visto desde sus múltiples perspectivas, incluyendo mi experiencia personal en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador.

En el momento en el que una persona, familia, comunidad, población indígena o no, toma la decisión de migrar por alguna de las razones nombradas anteriormente, inicia su historia como víctima del conflicto armado. Este fenómeno es uno de los más silenciosos e invisibilizados y pasa desapercibido iniciando por el destierro, el despojo y la deslocalización que surgen como puntos de partida en distintos escenarios de desplazamientos transfronterizos, transnacionales y transcontinentales.

Por consiguiente, el que se desplaza, a diferencia del que viaja, responde a una imposición violenta y no a una decisión tomada en libertad. El que viaja lo hace por responder a una búsqueda y espera obtener algún descubrimiento al llegar a su destino: vivir una experiencia enriquecedora temporal, huir de algo que desea dejar atrás o cambiar por completo de escenario e incluso mudar su identidad; el que se desplaza no tiene, literalmente hablando, un lugar a dónde ir. La partida es lo que importa, no su destino (Una nación desplazada CNMH Pag 19)

El desplazamiento forzado tiene varios matices y existen diferentes tipos o causas que obligan a la población civil a huir en busca de nuevos territorios. Según la ley 387 de 1997, se define como desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas a razón: del conflicto armado interno; de disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público.

Según la información publicada por la Unidad para las Víctimas, el 31 de diciembre de 2014, el RUV reportaba un total histórico de 6.459.501 personas víctimas del desplazamiento forzado en Colombia[1]. El boletín de la Defensoría del Pueblo informa que durante el primer semestre de 2019 se desplazaron 8223 personas en el país, en los siguientes departamentos, que pueden considerarse como los más afectados por el desplazamiento masivo: Nariño, Santander, Antioquia, Córdoba, Magdalena, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Las cifras anteriores revelan la inoperancia del estado frente a la garantía de derechos hacia la población civil. Cabe resaltar que después de la firma de los acuerdos se esperaba que estas cifras se redujeran, sin embargo, persisten diversas problemáticas sociales especialmente frente al uso de la tierra ya que este, es uno de los factores principales que causan el desplazamiento forzado.

Es vital comprender que el desplazamiento no responde solo a lógicas de guerra, también está asociado a intereses económicos que son menos visibles a medida que se intensifica el conflicto armado. Hay conexiones entre el desplazamiento y el desarrollo de megaproyectos casi siempre relacionados con el uso intensivo de recursos naturales. En efecto, la mayor parte de las personas son desplazadas de regiones en las que hay iniciativas agroindustriales, de macroproyectos, de obras de infraestructura. Monje Carvajal, J.J. (2014)

Es Importante analizar ¿en qué gobierno se presenta el pico migratorio más alto por desplazamiento forzado en Colombia? Teniendo en cuenta las cifras expuestas por el RUV que evidencian los registros de la dinámica poblacional frente a este fenómeno.

Según la Revista Semana[2] En la cadena de dolor que presenta el RUV se pueden hacer unos cortes de la infamia, de la mayor infamia. En el gobierno de Andrés Pastrana Arango se produjeron 2.453.628 víctimas y en los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez 3.374.270. Son 12 años que van del 7 agosto de 1998 al 7 de agosto de 2010. Suman 5.827.898 víctimas, es decir, el 70,13 por ciento del total[3]

Si bien se puede evidenciar que la gráfica anterior, revela, que la historia de Colombia está sujeta a un sinfín de incertidumbres puesto que a pesar de tantos intentos por esclarecer la verdad las categorías vinculadas exclusivamente a los actores del conflicto armado paramilitares, guerrillas y fuerza pública no facilitan la identificación de ¿Qué paso? ¿Quiénes fueron y cuáles eran sus razones? Ahora bien, el registro de estos crímenes y hechos violentos en el marco del conflicto armado frente a todos los detalles de estos periodos han sido invisibilizados debido a la falta de rigurosidad en la justicia y el rol estatal frente a la protección de los derechos humanos y la prevención de crímenes de lesa humanidad, inclusive al evidenciar unas cifras tan altas cabe analizar ¿Dónde están instituciones del Estado? y quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos, o porque motivo entidades como la Fiscalía General de la Nación omiten información para evitar que se conozcan la verdad, frente a este tema es importante reflexionar ¿De dónde surge el paramilitarismo en Colombia? ¿Quiénes financian estos grupos armados? ¿Cuál es la relación entre el estado y los paramilitares?

Ahora bien. ¿Cuál es el rol del estado frente a la protección del territorio y la población civil? Esta problemática social transforma la identidad del país en una sombra imborrable en la cual no sabemos de dónde somos ni para donde vamos, pues las cifras crecen con el pasar de los años permitiendo que la población civil sea la más afectada, sufriendo las consecuencias de un país olvidado por la justicia.

El desplazado no solo es despojado de su tierra, o de sus pertenencias —su parcela, su ganado, sus gallinas, su casa, su escuela—, sino despojado, al ser arrojado de su entorno, de su vida tal como la conocía. El movimiento que define al desplazado “es vivido como un distanciamiento definitivo con respecto al espacio que constituía su identidad, es el lugar de un dolor” (Ridon, JeanXavier, 1997).

Hablar de desplazamiento no se puede reducir a las cifras, puesto que este fenómeno visibiliza la pérdida de identidad que ha tenido el territorio colombiano, no solo por vivir en un país que tiene un conflicto si no porque los territorios y la población también han sufrido los cambios migratorios en la cultura, el ambiente, la economía, la gastronomía, las practicas sociales y cotidianas de la población tanto de la que se va, como de la que se queda, todo se ve alterado por este fenómeno.

Si hablamos de las afectaciones que surgen de forma individual, duele tener que despojarse de todo de la noche a la mañana sin comprender ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿A dónde vamos? ¿Qué hicimos? desprenderse de las pertenecías materiales <la casa, los animales, los juguetes, la escuela> las cosas de valor económico y simbólico, pensar ¿en qué lugar estamos seguros? ¿En qué parte de Colombia podre vivir en paz? por otro lado, si es una familia numerosa debe buscar un espacio grande con opciones laborales o la oportunidad de trabajar en el campo, un lugar donde puedan estudiar los niños, y donde no se presenten enfrentamientos o peligros que les generen nuevos desplazamientos por repetición de hechos violentos.

Por consiguiente, si es una persona en condición de discapacidad tendrá más dificultades en desplazarse y serán vulnerados sus derechos de salud física y mental; Si es una personas que fue despojada de su territorio por su orientación sexual en el marco del conflicto armado debe buscar un lugar en el que no corra peligros por discriminación, violencia sexual, psicológica o física puesto que prima la no repetición, aunque en la mayoría de veces el desplazamiento se repite y las opciones laborales son limitadas, por este motivo las personas de la comunidad LGBTI se acogen entre ellas mismas y son garantes de sus propios derechos[4]. Por otro lado, si es una comunidad campesina tendrán desarraigo de sus costumbres y en la mayoría de los casos estas son las poblaciones que más viven múltiples vulnerabilidades y violación de Derechos Humanos. En la mayoría de los casos las familias deben acudir a sus saberes ancestrales para subsidiar a su familia, los niños no pueden continuar estudiando, y el desplazamiento se convierte en una acción repetitiva especialmente en zonas rurales. Ahora bien, preguntémonos ¿cuántas familias desplazadas viven en las calles de las ciudades principales?

Si el desplazamiento es de una comunidad indígena inicialmente se evidencian desplazamientos intraétnicos es decir el desplazamiento se realiza hacia un territorio habitado por la misma comunidad indígena, este desplazamiento es preventivo puesto que permite que las comunidades generen redes de apoyo activando las zonas de refugio las cuales permiten espacios adecuados para las comunidades acogidas, es importante tener en cuenta que los líderes de cada comunidad hacen algunos acuerdos políticos, culturales y económicos dependiendo si la estadía es temporal o definitiva, puesto que deben estar organizados para no alterar la dinámica poblacional en torno a las practicas económicas. Ahora bien, si se agotan las zonas de refugio indígena, las comunidades acuden al desplazamiento transfronterizo es decir migran en búsqueda de refugio a las comunidades indígenas en países cercanos, en este caso Panamá, Ecuador, Venezuela, Brasil, o Perú. (El desplazamiento forzado indígena en Colombia - La ley del silencio y la tristeza[5])

Por otro lado, surgen los desplazamientos extraterritoriales que son aquellos en los cuales las comunidades indígenas deben desplazarse masivamente a las ciudades, o cabeceras intermunicipales. Estos asentamientos desencadenan otro tipo de violencias puesto que las posibilidades de integración económica, cultural, política y exigencia de derechos es nula, lo cual tiene como consecuencia la extrema pobreza y dispersión de las familias. Teniendo en cuenta lo anterior podemos preguntarnos ¿Cuál es el rol del estado frente a la protección de las comunidades indígenas que viven el fenómeno del desplazamiento forzado?

El conflicto armado colombiano amenaza con el exterminio cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país. En el curso de la última década, el conflicto armado, reorientado por actividades relacionadas con el narcotráfico que se desarrolla en Colombia se ha convertido en el principal factor de riesgo para la existencia misma de docenas de comunidades y pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional (CConst, Auto 004 de 2009).

Desafortunadamente, la magnitud del conflicto armado es tan grande, que para algunos colombianos no es suficiente cambiar de ciudad puesto que algunas personas se han visto forzadas a cruzar las fronteras internacionalmente reconocidas en búsqueda de protección o refugio con el fin de salvar sus vidas.

El exilio es una prolongación de los impactos del conflicto armado y la violencia generalizada más allá de las fronteras de Colombia, especialmente de aquellos hechos de persecución, individuales o colectivos, dirigidos específicamente contra la población civil por motivos de raza, religión o pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas. Las personas colombianas exiliadas no son migrantes que voluntariamente decidieron instalarse en otro país, todo lo contrario, se vieron obligadas a huir para proteger sus vidas y las de sus familias, grupos o comunidades. (Exilio colombiano huellas del conflicto armado CNMH Pag 20)

Teniendo en cuenta esta deuda histórica del Estado con esta población, el CNMH tomó la decisión de impulsar la Agenda Exilio[6]. Puesta en marcha desde 2015, estableció una ruta de trabajo para propiciar un diálogo participativo e incluyente con la población colombiana exiliada, que contribuya a hacer efectiva su reparación y su inclusión en la construcción de una paz duradera. El problema de que tu país tenga un conflicto armado es que todo el territorio nacional se ve afectado por este fenómeno, todos somos espectadores, sin importar la zona o ciudad del país en la que nos encontremos, nuestra geografía colinda con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá permitiendo que las fronteras cumplan un rol importante para las nuevas economías que se ven transversalizadas por la criminalidad y la migración.

Así pues, dada la migración surge el refugio, por ende, se debe tener en cuenta que esta categoría incluye a las personas refugiadas que han sido reconocidas oficialmente por los países de acogida; los solicitantes de asilo, que están en proceso de solicitud de protección; y las personas en situación similar a los refugiados” que, por diferentes motivos, no han sido oficialmente reconocidas o que no han podido acceder al sistema de protección. CNMH (2017).

De acuerdo con los registros históricos publicados por el Acnur, que para el caso colombiano datan de la década de 1980 a 2007 se registrarían aproximadamente 552.000 colombianas y colombianos refugiados o en situación similar al refugio. En su último reporte, correspondiente a 2016, esa cifra estimada fue de 311.000 personas de nacionalidad colombiana se encontraban refugiadas o en situación similar a los refugiados; Colombia ocupaba el primer lugar en América Latina y el décimo tercer lugar a nivel mundial en términos de refugio (Acnur, s. f.) Teniendo en cuenta lo anterior podemos evidenciar que miles de niños, mujeres, hombres, indígenas y campesinos han tenido que desplazarse de su territorio nacional buscando fronteras que les permitan tener una oportunidad de reconstruir su historia desde las resistencias[7]. Las consecuencias de este fenómeno afectan de forma transversal la vida de la víctima iniciando por su salud mental y resiliencia frente a todas las situaciones que vivencio, los duelos familiares, sociales y territoriales de asumir su vida en un país desconocido en el cual posiblemente se tenga un estigma social frente a la población colombiana rechazando, discriminando y revictimizando a estas personas que deciden pasar fronteras sin derechos que los acojan, por lo menos mientras realizan los trámites correspondientes y se adaptan al nuevo territorio. En ocasiones estas personas logran crear redes de apoyo que les permitan organizarse exigir sus derechos y reconstruir la historia de Colombia desde otras apuestas.

La disputa por la tierra y las rutas del narcotráfico han generado constantes enfrentamientos entre diferentes grupos armados y el ejército nacional, causando la migración de miles de personas que buscan refugio en las zonas fronterizas más cercanas, en este caso es útil observar las cifras del país vecino Ecuador.

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR hasta septiembre de 2016, el Estado ecuatoriano ha reconocido a 60.329 personas refugiadas en el país. El 95 % de ellos son ciudadanos colombianos. En promedio, 418 personas cruzan la frontera en busca de protección internacional cada mes. Además, 233.049 personas han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado en el Ecuador, en su mayoría de Colombia, desde 1989 a 2016.

Entre tanto, el diario El Espectador, en enero del 2019 la Cancillería de Ecuador y El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que más del 98% de los refugiados en Ecuador es de origen colombiano, al señalar que 65.000 extranjeros han sido reconocidos con ese estatus de protección internacional, es decir que del total de personas que han recibido el carné de refugiados, el 98,23 % provienen de diferentes regiones de dicho país y actualmente han recibido 14.063 nuevas peticiones de protección internacional. Es importante resaltar que después de la implementación del acuerdo de paz estas cifras migratorias son altísimas, puesto que revelan que el estado no se ha hecho responsable de velar por la seguridad y protección del territorio nacional, también se evidenciaque posiblemente el negocio del narcotráfico sigue liderando la economía del país, que nuevos grupos armados al margen de la ley se han apoderado de los territorios después del acuerdo de paz firmado con las FARCEP, exponiendo las posiblescausas que generan un flujo migratorio tan alto especialmente en las zonas fronterizas.

Ahora bien, estas cifras también llevan a pensar ¿Qué pasa con la restitución de tierras? ¿El estado colombiano cómo repara a las personas exiliadas y refugiadas? Recordemos la LEY 1448 DE 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las [8]víctimas del conflicto armado interno, teniendo en cuenta que la reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante[9]. Adicionalmente se debe tener en cuenta que las personas refugiadas y/o exiliadas posiblemente ya habían vivido el desplazamiento interno, es decir no existieron garantías de no repetición, por ende, la mejor opción es pasar fronteras.

La Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas, establece que la categoría de víctimas en el exterior[10] aplica para aquellas personas o grupos de personas que han sido víctimas de cualquier hecho victimizante por causa del conflicto armado interno colombiano y que, aunque residan en el exterior, tienen derecho a saber la verdad de lo que les sucedió, a que se haga justicia y a obtener una justa reparación.

Teniendo en cuenta lo anterior, quiero compartir mi experiencia como enfermera, trabajadora social y voluntaria, puesto que pude ver de cerca que significa asumir la condición de refugiado después de vivir el trauma del conflicto armado. Aunque inicialmente se presenta la experiencia de forma reflexiva se vincula este proceso de aprendizaje con la investigación acción participativa (IAP[11]) puesto que permite desde los saberes populares y la realidad de cada persona construir nuevos conocimientos e interpretaciones, donde los investigadores están inmersos en el estudio que se está desarrollando, teniendo en cuenta las compresiones que se realizan desde y con base en lo social relacionando la subjetividad y las experiencias de cada persona frente a sus transformaciones individuales, sociales, comunitarias y colectivas.

Experiencia

A principios del mes de diciembre del 2017 me aproximo a nuestro país vecino Ecuador, hermosas montañas y paisajes que me acompañan en este recorrido; me dirijo a la provincia de esmeraldas específicamente al cantón de San Lorenzo, el cual está conformado por una cabecera cantonal y de 12 parroquias rurales, y el puerto de San Lorenzo el cual cumple un papel muy importante puesto que es un punto estratégico como zona fronteriza de embarque hacía Tumaco en Colombia departamento de Nariño, lugar donde llegan buscando protección más de 418 colombianos al mes en condición de desplazamiento o refugio por consecuencia del conflicto armado colombiano.

De esta forma y gracias a la invitación de un colega, me ofrezco de voluntaria para realizar el acompañamiento a víctimas del conflicto armado en Colombia refugiadas en las zonas fronterizas de Ecuador, mi trabajo esta de la mano con organizaciones nacionales e internacionales como lo son el Consejo Noruego Para Refugiados NRC y el Consulado de Colombia en Ecuador, sede ubicada en la provincia de esmeraldas en el barrio las palmas.

Para contextualizar este caso me dirijo al enfrentamiento del día jueves 5 de octubre del 2017 en el municipio de Tumaco Nariño. Según la revista Semana[12] los hechos ocurrieron durante una protesta de cocaleros contra la erradicación de cultivos ilícitos, refieren que según las versiones que brinda el Ejército y la Policía reportan que quienes dispararon fueron disidencias de las FARC-EP[13], Pero los campesinos aseguran que la fuerza pública es la responsable de propiciar el enfrentamiento, la Coordinadora Nacional de [14]Coccam manifiesta que son 6 muertos y que el número es incierto debido a que hubo personas que fueron trasladadas a Ecuador y "no se tiene información de su paradero y estado". En cuanto a los heridos coinciden en que son más de 50.

Por eso, les contare el caso de una de las víctimas que presenció este enfrentamiento; Mujer trigueña de ojos oscuros y cabello largo quien laboraba en una cocina de coca, escucha fuertes disparos, al salir corriendo esta mujer se tropieza con un tronco causándole la pérdida de conciencia, al abrir los ojos se encuentra, en un hospital en el cantón de San Lorenzo zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, los médicos le dan como diagnostico ruptura de fémur y como tratamiento le explican que requiere de una intervención quirúrgica que tomara un tiempo de preparación, ejecución y recuperación de aproximadamente 6 meses.

En principio está situación le genera susto desconfianza y molestia, pues está sola en un país desconocido, sus condiciones de salud le impiden movilizarse por sus propios medios, por ende de forma desesperada, decide pedir salida voluntaria, y aceptar la propuesta de una ciudadana ecuatoriana que le ofreció ayuda brindándole hospedaje solidario y la propuesta de que la atienda un sobandero, lo cual no tiene éxito puesto que la pierna de esta mujer sigue fracturada, y allí dura 2 meses en condición total de vulnerabilidad, ya que no se encuentra en un lugar muy adecuado, pues la casa en la que se radico solidariamente tiene graves condiciones de sanidad y humedad, adicionalmente no contaba con acceso a ningún tipo de atención en salud ni tratamiento, sumado a la condición de indocumentación que le permitiera identificarse como refugiada para recibir atención psicosocial o tener restablecimiento de sus derechos.

El consejo noruego para refugiados realiza una brigada de atención psicosocial, en la cual se identifican una serie de casos de personas desplazadas que deciden pasar fronteras para refugiarse del conflicto, entre estos, encontramos el caso nombrado anteriormente, al cual se le inicia un seguimiento inmediato por las múltiples condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba esta mujer.

De inmediato se realizó la solicitud como persona refugiada, diligenciando los documentos establecidos por la institución N.R.C adicionalmente se inició una descripción de los hechos en el consulado de Colombia en Ecuador, con el fin de poder reportar la condición en la que se encontraba la mujer, incluyendo la solicitud en la plataforma del registro único de víctimas R.U.V. Acto seguido se restituyó el derecho a la salud, vinculándola nuevamente a los diferentes servicios, como atención hospitalaria, trasladándola al Hospital La Divina Providencia ubicado en el cantón de San Lorenzo, ya que su pierna sigue fracturada y se encuentra en criticas condiciones, los médicos realizan los exámenes correspondientes para confirmar el estado de salud de la mujer y llegando a la conclusión de enviar la respectiva orden de cirugía de carácter urgente, puesto que hay riesgo de que se presenten diferentes complicaciones como atrofia muscular, shock traumático, embolia grasa, tromboembolismo, tétanos o gangrena gaseosa. Adicionalmente se identificó en el proceso que los huesos de la mujer se encontraban en malas condiciones frente a vitaminas, calcio y nutrientes, lo cual genera más riesgos y aumento de tiempo frente a la recuperación, de este modo la mujer dura hospitalizada varias semanas mientras se realizan los trasmites correspondiente por parte de la institución de salud y de las diferentes organizaciones e instituciones encargadas del caso, la mujer es trasladada al Hospital Del Sur Delfina Torres de Concha en la provincia de Esmeraldas, puesto que, este cuenta con el equipo quirúrgico y el nivel hospitalario necesario para una cirugía de ortopedia.

Ubicada en el centro hospitalario me ofrecí como voluntaria para cuidarla, visitarla y estar pendiente de los diferente trámites en compañía de mi colega, logramos que le realizan dicha cirugía a la paciente permitiendo una rápida recuperación posoperatoria, sin embargo el hospital decide dar el alta a la mujer al tercer día, decisión que rechazamos teniendo en cuenta que ella requiere de unos cuidados específicos durante 6 meses como terapias, buena alimentación, cuidados de enfermería, y servicios de aseo puesto que no puede realizar ninguna actividad que involucre o afecte su pierna recién operada.

Nos dirigimos a diferentes áreas como atención al usuario, departamento de enfermería, y trabajo social para solicitar la estadía permanente de la paciente en el hospital puesto que las condiciones físicas, emocionales, humanas y sociales no le permiten trasladarse a otro lugar por su condición de refugiada, de igual forma intentamos buscar alguna institución que la acogiera en su proceso de recuperación. Sin embargo este intento fue fallido teniendo en cuenta que los albergues que estaban disponibles en ese momento solamente prestaban el servicio de estadía durante 15 días y brindan un subsidio de alimentos para que la persona cocinara, cuestión que ella no podría hacer por su recuperación, en otras instituciones no contaban con ese tipo se servicio puesto que era un caso atípico; por ende consideramos que como refugiada el estado ecuatoriano debía hacerse responsable de la paciente y debía permanecer allí hasta el final de su recuperación, la cual le permitiera solventar las necesidades que tenía como mujer, refugiada y ser humano; es decir que recibiera atención integral vinculando todos los servicios tanto de salud, psicológicos, sociales, alimenticios, entre otros.

Desafortunadamente tuvimos que obligar a la institución a respetar el derecho de la mujer pasando por discusiones, cartas, peticiones, quejas, reclamos y diferentes solicitudes que permitieran la estadía de la paciente y el acompañamiento en su recuperación. El equipo de trabajo debía trasladarse por unos días a otros escenarios laborales dejando a la paciente en excelentes condiciones y con el acompañamiento de la trabajadora social del hospital, antes de regresar nos envían una notificación de que la paciente “presuntamente” había firmado su salida voluntaria y que por decisión propia decidió regresar a San Lorenzo específicamente a la casa de la ciudadana ecuatoriana que en principio le había brindado hospedaje solidario, pues la mujer refería que se sentía sola y prefería estar en otro lugar que no fuera el hospital. Al comunicarnos con la mujer nos enteramos de que realmente ella se vio involucrada en diferentes situaciones de acoso por parte del hospital, el personal y la trabajadora social a cargo del caso; tanto así que la obligaron a firmar una carta que decía que quería la salida voluntaria. Decisión que tomó por el descontento y acosos que recibía por parte del personal puesto que siempre le decían que <<se fuera a su país…>>, que ya la habían operado, que se tenía que ir porque debían recibir otros paciente y esa cama se estaba desperdiciando, que por políticas de la institución ningún paciente podía durar tantos días con el uso de una cama, todas estas situaciones hicieron que desalojaran a la paciente y la trasladaran al lugar donde inicialmente la habían encontrado.

A pesar del apoyo institucional, en todo el proceso el hospital no se comunicó con ninguna de las organizaciones encargadas y en el momento en que los funcionarios regresaron a verificar las condiciones de la paciente reciben la noticia de que esta se encontraba en San Lorenzo, inconformes de la situación se intenta verificar la realidad del caso, sin embargo ya la mujer se encuentra ubicada lo que impide que regrese nuevamente la hospital, por ende se asiste de diferentes formas para intentar seguir con el acompañamiento en su recuperación ofreciéndole a la cuidadora un subsidios de alimentación, y según se planeó el hospital del cantón debía enviar un médico semanal que pudiera asistir a sus terapias y seguir con el proceso de recuperación, sin embargo esto no fue suficiente. A principios de febrero del 2018 la paciente se regresa a Colombia y meses después se le infecta la pierna causándole una segunda intervención quirúrgica.

Lamentablemente este, es uno de los miles de casos que viven las personas que están en condición de refugio, no es suficiente cambiar de territorio para seguir resistiendo a un conflicto armado, desafortunadamente la humanidad como sentimiento está en vía de extinción y se debe realizar un trabajo en conjunto con la población, las instituciones y el estado que permitan reconfigurar la memoria histórica, reconstruir el tejido social, no victimizar, y permitir acciones transformadoras que faciliten las condiciones de vida de dicha población.

Por otro lado, es importante pensarnos ¿qué rol cumple el estado colombiano con la población exiliada? ¿Como enfrentar esta crisis humanitaria? De igual forma plantearnos cuantas personas a nivel mundial trabajan para ayudar a los/as refugiados, agradecer a los países que han acogido a miles de Colombianos durante los últimos 50 años por permitir que nuestros compatriotas pudieran proteger sus vidas, y pensar ¿de qué forma podemos mitigar este patrón de desplazamiento y exilio? Actualmente la población colombiana se queja por la migración venezolana, y es de entender que nuestro país no está preparado económica, política y culturalmente para recibir a tantas personas exiliadas, sin embargo, analizando las cifras que se evidenciaron anteriormente considero que debemos reflexionar puesto que por años nos han abierto las puertas en diferentes partes del mundo especialmente en las zonas fronterizas de Colombia.

Durante años, el exilio ha sido una de las extensiones del conflicto armado, ha sido parte inherente de la historia no solo de Colombia sino de América Latina y del mundo. Es la consecuencia que un victimario quiere producir a la hora de promover un desplazamiento forzado, en este caso, externo. Neutralizar a quien ha ejercido una labor de liderazgo, neutralizar, pero también castigar a quien ha promovido la defensa de una idea, la defensa de un territorio, la defensa de una comunidad. A veces me da la sensación de que, cuando hablamos de exilio, inmediatamente pensamos en grandes figuras, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, gente muy vinculada a la intelectualidad que sale particularmente a Europa, pero no vemos el exilio de frontera, no vemos el exilio de líderes comunitarios, de gente que tuvo que salir de un barrio, de la gente que sigue siendo exiliada al igual que estos dirigentes (Hombre adulto, exiliado retornado de España, taller de memoria, Bogotá, 2016 huellas del conflicto armado CNMH)

Este texto quiero dedicárselo a mi colega Julio Arévalo, y darle las gracias por haberme permitido vivir esta maravillosa experiencia, por los aprendizajes y tristezas que surgen en medio del trabajo social. Te extrañamos en este mundo terrenal y seguimos tu legado de amor y buen servicio por la defensa de los derechos humanos, de nuestro territorio y sus comunidades que permitan la construcción de un mundo mejor; de igual forma agradecer a todas las personas que me acogieron en Ecuador, a las instituciones y funcionarios que confiaron en mi trabajo y voluntad de servicio.

Las personas colombianas exiliadas no son migrantes que voluntariamente decidieron instalarse en otro país, todo lo contrario, se vieron obligadas a huir

[1] Esta cifra oficial se aproxima a las estimaciones de la magnitud del fenómeno realizadas por la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos. En particular, las cifras actuales del RUV parecerían corresponder con las proyecciones de CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) que en su momento llegaron a superar el registro oficial en más de un millón de víctimas. [2] Pastrana y Uribe, el 70,13 por ciento del total de víctimas https://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-victimas-de-los-gobiernos-de-pastrana-yuribe/493104 [3] CIFRAS Los registros estadísticos del conflicto armado colombiano http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria- historica/pdf/cifras.pdf

[4] Los actores implicados en el conflicto armado colombiano han implementado distintos repertorios de violencia, de regulación y control que responden a sus intereses económicos, ideologías políticas, prácticas militares y, especialmente, al orden moral que desean implantar. “¿Qué era limpiar un territorio? Era sacar putas, era sacar maricas, era sacar viciosos, era sacar lo que supuestamente se veía como una escoria en la sociedad, pero no podría decir que fue el uno o el otro [actor armado. Informe del C.N.M.H Aniquilar la diferencia Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/aniquilar-la-diferencia/aniquilar-ladiferencia.pdf

[5] Tomado de https://reliefweb.int/report/colombia/el-desplazamiento-forzado-ind%C3%ADgena-encolombia-la-ley-del-silencio-y-la-tristeza

[6] La Agenda Exilio del CNMH está compuesta por los siguientes elementos: 1) Proyecto de investigación; 2) Apoyo a iniciativas de memoria histórica sobre el exilio colombiano; 3) Micrositio “Voces del Exilio” y 4) Museo de Memoria Histórica de Colombia. 4 En su etapa de formulación, el CNMH promovió un diálogo propositivo con personas y organizaciones para desarrollar acciones que permitieran la participación de las y los exiliados en los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica.

[7] Las memorias de las personas sobre su exilio llevan consigo elementos que permiten reconstruir una parte de la historia del conflicto armado, que ha sido desconocida precisamente porque sus víctimas se vieron obligadas a abandonar el país. CNMH .

[8] Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. (Artículo 3 ley 1448 del 2011)

[9] Derecho a la Reparación Integral. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente ley. (Artículo 25 Ley 1448 del 2011)

[10] El Registro de Víctimas en el Exterior hace parte del RUV, y evidencia, que hasta el 31 de enero de 2018 había recibido 10.817 solicitudes de inscripción desde 44 países. Los diez países que más han participado son: Ecuador: 3.488, Venezuela: 1.880, Canadá: 1.263, EE. UU.: 1.128, España: 1.026, Panamá: 470, Costa Rica: 413, Chile: 238, Suecia: 128 y Francia: 96. (CNMH)

[11] Es pertinente para el fenómeno de estudio abordar el tipo de Investigación Acción Participativa (IAP) puesto que por medio de la participación de las comunidades con el investigador también se genera un proceso de conocimiento y a partir de las acciones, reflexiones e interacciones entre los sujetos comprendan que pueden ser agentes de transformación de su realidad. Fals Borda (citado por Vasconcelos & Oliveira, 2010)

[12] ¿Quién mató a los campesinos en Tumaco? Continúan versiones encontradas

https://www.semana.com/nacion/articulo/tumaco-investigan-muerte-de-personas-durante-protesta-decocaleros/543001

[13] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

[14] Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana